El Gobierno ha lanzado un plan de 14.100 millones de euros para ayudar a las empresas españolas a afrontar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. La medida llega justo después de que la Administración Trump decidiera pausar su política arancelaria hasta julio. Sin embargo, patronales, comunidades autónomas, expertos económicos e incluso socios del Ejecutivo han calificado el plan como insuficiente.
Un plan con avales, créditos… pero pocas ayudas directas
La mayoría del plan se articula en forma de líneas de avales, créditos ICO y seguros a la exportación, además de un Fondo de Internacionalización dotado con 720 millones. Aunque se agradece la rapidez del anuncio, el problema es que casi todo el paquete son préstamos o garantías, lo que en la práctica significa más deuda para empresas que ya están tensionadas.
“Los créditos financian pérdidas, pero no las compensan. Hace falta dinero que no haya que devolver”, comentan varios economistas. Las empresas no piden préstamos: piden aire.
Desde la agricultura al automóvil: todos piden más
Los sectores afectados por los aranceles son muchos. El agroalimentario, el vinícola y el automovilístico están entre los más golpeados. La patronal del campo exige ampliar los fondos para promocionar productos en el exterior. Los concesionarios piden más respaldo. Y desde el sector del vino, que tiene en EE. UU. uno de sus principales mercados, solicitan apoyo para abrirse a destinos como China o América Latina.
Las autonomías se adelantan
Varias comunidades ya han empezado a actuar por su cuenta. Murcia ha aprobado 7,5 millones en ayudas directas a su industria alimentaria, y otras como Castilla y León, Extremadura y Andalucía han anunciado que harán lo mismo. En la reunión con el Gobierno, muchas regiones —sobre todo las gobernadas por la oposición— reclamaron transferencias directas, menos burocracia, rebajas fiscales y más flexibilidad administrativa.
Hasta los socios del Gobierno discrepan
La presión no viene solo desde fuera. Desde dentro también hay división. ERC ha sido clara: “Ayudas sí, créditos no”, dijo Gabriel Rufián en el Congreso. Y desde Sumar también apuestan por un mayor esfuerzo público, aunque sin detallar si apoyan ayudas directas o préstamos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció que aún es pronto para diseñar nuevas “capas” de ayuda, pero la urgencia económica no espera. Mientras tanto, los expertos recuerdan que el margen para actuar con fuerza es limitado: España sigue con un alto nivel de deuda pública y sin presupuestos generales aprobados.
¿Y ahora qué?
A corto plazo, el Gobierno apuesta por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como vía rápida de respuesta. Es una herramienta útil, sí, pero no suficiente si las empresas necesitan liquidez real y no más deuda. Lo que muchos reclaman es una estrategia más ambiciosa, más adaptada a lo que están haciendo otros países europeos.
La pelota está en el tejado del Ejecutivo. Las empresas no pueden permitirse esperar hasta julio a ver qué decide Trump, y mucho menos, hasta que se desbloquee la política fiscal nacional.
Visto lo visto con la DANA, el volcán o el terremoto que pasó por Lorca, no se espera soluciones a corto ni largo plazo. Una vez más los ciudadanos son los que tendrán que arrimar el hombro y solucionarse la vida como buenamente puedan o quizá ahora nos sorprendan haciendo algo útil por la sociedad.