La catástrofe provocada por la DANA —o mejor dicho, “la riada”— del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana dejó 225 fallecidos confirmados, tres desaparecidos y decenas de miles de damnificados. A seis meses del desastre, el procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja está siendo duramente cuestionado por varios abogados personados en la causa, como Rubén Gisbert, que denuncia abiertamente que el caso se está acotando deliberadamente para evitar cualquier responsabilidad política de alto nivel.
Una investigación judicial con el foco limitado
La jueza instructora ha centrado las diligencias en determinar si hubo homicidios por imprudencia. Sin embargo, se han descartado preguntas clave como por qué no se activó el nivel 3 de emergencia nacional, a pesar de que la situación reunía todos los requisitos legales para ello. Esta cuestión fue planteada directamente en sala por Gisbert a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La jueza interrumpió el interrogatorio para declarar la pregunta “impertinente”, es decir, fuera del objeto del proceso.
Con esta decisión, se impide que la instrucción avance hacia la posible responsabilidad del Gobierno central, la Delegación del Gobierno o la Generalitat, a pesar de que todos tenían la facultad —y según el letrado, la obligación legal— de activar el máximo nivel de alerta.
El nivel 3 que no se quiso declarar (porque implicaba asumir culpas)
La ley de Protección Civil establece que cuando una catástrofe natural como una inundación provoca situaciones de emergencia interterritorial y riesgo masivo para la población, se debe declarar el estado de alarma o la emergencia de interés nacional, conocida como “nivel 3”. Este nivel permite movilizar todos los recursos del Estado bajo un único mando coordinado.
La activación del nivel 3 puede realizarla el Ministerio del Interior, una comunidad autónoma o cualquier delegado del Gobierno. Sin embargo, ni Carlos Mazón (presidente de la Generalitat), ni Pilar Bernabé, ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez dieron ese paso. Según Gisbert, esto no fue casual: “En el momento en que declaras el nivel 3, el responsable político queda señalado. Por eso no lo hicieron. Nadie quiso asumir la carga legal ni política que eso implicaba”.
Imputación solicitada contra la delegada del Gobierno
Gisbert, abogado de varias familias de víctimas, pidió formalmente en sala la imputación de Pilar Bernabé, al considerar que, conociendo el riesgo de colapso de la presa de Forata, la existencia de personas desaparecidas, la devastación en marcha y el colapso de varios municipios, tenía la obligación legal de solicitar el nivel 3. No lo hizo. Y eso, sostiene el letrado, pudo ser determinante en la falta de medios y organización durante las primeras horas de la tragedia.
La jueza, sin embargo, ni siquiera permitió que se profundizara en el tema. Gisbert denunció públicamente esta decisión: “No me permitieron ni preguntar por qué no se declaró el nivel 3. La jueza interrumpió y dijo que no era pertinente. Como si hubiera preguntado de qué color llevaba la ropa interior”.
Un proceso judicial contaminado por intereses políticos
Más allá de la instrucción, Gisbert ha denunciado con contundencia que el proceso judicial está siendo instrumentalizado por partidos y asociaciones afines al PSOE, Compromís y el PP, que actúan como acusaciones populares, no para esclarecer los hechos, sino para apuntar a sus rivales políticos.
Durante las declaraciones, el abogado asegura que ha visto a otros letrados en sala filtrando en tiempo real declaraciones a los medios a través del móvil. “Eso es un delito recogido en el artículo 466 del Código Penal. Están más interesados en salir en televisión que en defender a sus clientes”, afirma. Según él, se está construyendo un relato mediático completamente desligado de la verdad procesal.
Un proceso judicial contaminado por intereses políticos
Más allá de la instrucción, Gisbert ha denunciado con contundencia que el proceso judicial está siendo instrumentalizado por partidos y asociaciones afines al PSOE, Compromís y el PP, que actúan como acusaciones populares, no para esclarecer los hechos, sino para apuntar a sus rivales políticos.
Durante las declaraciones, el abogado asegura que ha visto a otros letrados en sala filtrando en tiempo real declaraciones a los medios a través del móvil. “Eso es un delito recogido en el artículo 466 del Código Penal. Están más interesados en salir en televisión que en defender a sus clientes”, afirma.
Como muestra del tratamiento mediático que recibe, uno de los titulares publicados por eldiario.es esta semana fue:
“La ‘conspiranoia’ entra en el ‘caso DANA’: Rubén Gisbert ejerce de abogado tras su despido del programa de Iker Jiménez”.
Una muestra más, denuncia Gisbert, de cómo se intenta ridiculizar y desacreditar al mensajero para desviar la atención de la raíz del problema: la inacción del Estado durante la peor catástrofe natural que ha vivido la Comunidad Valenciana en décadas.
Hay que tener poco respeto por el periodismo para crear semejante noticia, aunque ya estamos acostumbrados a cómo trabajan los estómagos agradecidos del sistema que reciben subvenciones. Han terminado haciendo periodismo basura y no tienen reparo en volverse en contra de las víctimas siempre y cuando favorezca intereses partidistas. El periodismo en España se a mercenizado y en El Diario lo hacen muy bien.
Una catástrofe sin responsables
La magnitud de la tragedia —con fallecidos no solo en Valencia, sino también en Murcia y Castilla-La Mancha— superaba con creces las competencias autonómicas, y exigía una respuesta estatal inmediata. La guía operativa de Protección Civil deja claro que situaciones como la vivida deben gestionarse bajo emergencia tipo 3. Pero en España, según denuncia Gisbert, el sistema prefiere mirar hacia otro lado antes que asumir sus errores.
Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia. Y muchos, como Rubén Gisbert, siguen repitiendo lo mismo desde el primer día: “Fui el primero en llegar y seré el último en irme. Y no pienso callarme”.