A solo cuatro días de que expire el nuevo plazo impuesto por la Comisión Europea, el Gobierno de España sigue sin conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la equiparación fiscal entre el gasóleo y la gasolina. La medida, que lleva años sobre la mesa y forma parte de los compromisos adquiridos para acceder al quinto tramo de los fondos Next Generation, vuelve a quedar en el aire por la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Un impuesto atascado desde 2020
La subida del impuesto especial al diésel, que supondría pasar de los actuales 30,7 céntimos por litro a 40, se ha intentado aprobar sin éxito desde hace años. Ya en 2020 el PNV logró tumbarla a cambio de apoyar los Presupuestos, y en 2024, la oposición de Podemos, Junts y el propio PNV dejó la propuesta en punto muerto.
En marzo se fijó una nueva fecha límite: el 11 de abril. Sin embargo, desde el propio Gobierno admiten que «no hay novedad», y en el sector de la automoción también reina el silencio: «No tenemos noticia», aseguran desde Faconauto y CETM, que ya dan por hecho que la medida no se aprobará.
Sin tiempo ni apoyos
Aunque desde el Ministerio de Economía afirman que «estamos en plazo», lo cierto es que ya no habría margen para tramitar la subida ni siquiera mediante decreto-ley. La medida forma parte de los 84 hitos exigidos por Bruselas para liberar el siguiente tramo de los fondos europeos, pero el Ejecutivo asegura que este incumplimiento puntual no pone en riesgo los más de 25.000 millones previstos.
Un impuesto con impacto político, pero poca recaudación
El diésel sigue contando con una bonificación fiscal de 20 céntimos, lo que lo hace más barato que la gasolina. Sin embargo, su peso en el mercado ha caído en picado: en marzo de 2025, las matriculaciones de vehículos diésel han bajado un 27,5% interanual y ya solo representan el 15% de la cuota de mercado.
Esta caída alivia la presión fiscal sobre Hacienda. A esto se suma que el impacto recaudatorio del impuesto es ya reducido, y que las condiciones del mercado hacen que muchos consumidores estén abandonando el gasóleo de forma natural.
Más que un tema ambiental: es política y dinero
Para la Comisión Europea, penalizar el consumo de diésel sigue siendo clave en su estrategia medioambiental. Pero para el Gobierno español, el problema es sobre todo político: el coste de romper equilibrios parlamentarios para sacar adelante una subida de impuestos, a cambio de cumplir un compromiso que no genera ingresos significativos.
«Veremos cuál es el resultado de la negociación con Bruselas», admiten en Hacienda. Mientras tanto, la equiparación fiscal entre gasóleo y gasolina seguirá siendo, por enésima vez, un anuncio pendiente.
Así es como ha quedado los votos en el congreso para la aprobación de esta nueva subida:
