Salomé Pradas y Emilio Argüeso declaran como imputados por la gestión de la riada en Valencia
Valencia, 11 de abril de 2025. La exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, han declarado hoy como investigados ante la jueza que instruye el caso de la DANA que arrasó varias zonas de la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, decenas de familiares de las víctimas les esperaban entre gritos de “asesinos” y “Mazón dimisión”.
Ambos han prestado declaración en calidad de imputados por su actuación —o su falta de ella— durante aquellas horas críticas en las que se produjeron cientos de emergencias, miles de llamadas al 112 y un caos generalizado que terminó con víctimas mortales y graves daños materiales.
Tensión en la puerta y acusaciones cruzadas
Desde primera hora de la mañana, familiares, víctimas y asociaciones se concentraron frente al juzgado con pancartas como “Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia” o “Justicia por mi marido y mis hijos”.
Salomé Pradas llegó sobre las 9:17 h, y a las 12:30 h compareció Emilio Argüeso. Ambos salieron por el garaje del edificio para evitar a los medios y a los manifestantes. Durante la jornada, las declaraciones apuntaron responsabilidades a distintas áreas técnicas, bomberos, gabinetes de comunicación e incluso a la Confederación Hidrográfica del Júcar, en un intento de diluir responsabilidades políticas.
La jueza pone el foco en la Generalitat
Según se ha sabido, la jueza ha dejado claro durante la instrucción que la Generalitat tenía la competencia directa en materia de Emergencias, y ha subrayado la tardanza en enviar el aviso Es Alert y las “instrucciones erróneas” durante las primeras horas del desastre.
Pradas entregó un listado con las llamadas que realizó ese día, entre las que figura una al president Carlos Mazón. Por su parte, Argüeso descargó la responsabilidad en su número dos, Jorge Suárez, por la demora en activar el Cecopi (el centro de coordinación de emergencias), que fue convocado dos horas después de que se declarara el nivel 2 de alerta.
Culpas, silencios y contradicciones
Durante su declaración, Argüeso responsabilizó también al exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, de no haber informado de que se retiraban los efectivos que vigilaban el barranco del Poyo, uno de los focos más críticos de la DANA.
Además, señaló que ni el subdirector de Emergencias ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar avisaron de la crecida del barranco, pese a que estaban presentes en el Cecopi. A esto sumó críticas al gabinete de prensa del 112 por no informar adecuadamente de lo que sucedía fuera.
Rubén Gisbert, abogado de las víctimas, denuncia falta de responsabilidad política
En estos momentos, el abogado Rubén Gisbert —que representa a varios afectados y ha sido una figura muy activa en la denuncia pública del caso— está emitiendo un directo en su canal de Youtube sobre todos estos sucesos. Gisbert denunció que ninguno de los responsables políticos ha asumido responsabilidades personales y acusó al entorno del gobierno valenciano de tratar de cargar la culpa sobre técnicos y mandos intermedios.
Pradas y Argüeso, por ahora los únicos imputados
De momento, Salomé Pradas y Emilio Argüeso son los dos únicos cargos investigados formalmente. El próximo lunes están citados como testigos la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
El caso sigue abierto y la presión social, especialmente por parte de las familias, no deja de aumentar. Muchos esperan que esta causa no termine en un cruce de acusaciones técnicas, sino en una verdadera depuración de responsabilidades políticas.