El Gobierno de España ha aprobado hoy mismo un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 50 euros mensuales, situándolo en 1.184 euros al mes en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros anuales. Este aumento implica que, por primera vez, los beneficiarios del SMI deberán tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que el nuevo SMI supera el límite exento de 15.876 euros anuales.
Hasta ahora, el límite exento de tributación en el IRPF se ajustaba con cada subida del SMI para evitar que los perceptores del salario mínimo tuvieran que pagar este impuesto. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio de Hacienda ha decidido no elevar dicho límite, lo que ha generado tensiones dentro del propio Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado la medida, argumentando que la justicia social debe comenzar por los que más tienen y que no fue informada previamente de esta decisión.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la medida como una cuestión de «pedagogía fiscal» y equidad, señalando que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los servicios públicos (como si no lo hicieramos ya).
En respuesta, Sumar, Podemos y el Partido Popular (PP) han presentado proposiciones de ley para mantener la exención del SMI en el IRPF todos estos lo han hecho deprisa y corriendo quien sabe si por atribuirse la medalla o qué, pero buscando que los trabajadores con salario mínimo no se vean afectados por esta nueva carga fiscal.
Es importante destacar que el impacto de esta medida variará según las circunstancias personales de cada contribuyente. Por ejemplo, un trabajador soltero sin hijos que perciba el SMI podría enfrentar una retención anual aproximada de 300 euros, mientras que aquellos con cargas familiares podrían seguir exentos o tener una menor carga fiscal.
En resumen, aunque la subida del SMI representa un incremento en los ingresos de los trabajadores con menores salarios, la decisión de Hacienda de no ajustar el límite exento del IRPF implica que, por primera vez, muchos de estos trabajadores deberán empezar a pagar impuestos.
Lo que está claro es que esto abre un nuevo enfrentamiento o desacuerdo dentro del gobierno y que en esta ocasión, Montero que es la ministra de Hacienda ha actuado de mala fe.